JORNADAS PARA VIVIENDAS PRIVADAS

 El 31 de mayo el Ministerio para el Hábitat y Vivienda anunció el inicio de un proceso para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela: activar la regularización legal que transforma al asignado en propietario. Incluso la presidenta encargada instó a reducir lapsos y agilizar trámites.

Deseo recordar a los lectores lo qué firmó el asignado al recibir las llaves: una "carta de adjudicación de vivienda" —una especie de compra-venta de familias— que le prohíbe ceder, traspasar, arrendar, vender, enajenar, gravar, abandonar o dar en custodia el inmueble. Debe informar quiénes lo habitan, sus salidas y retornos de vacaciones, pedir permiso para alojar temporalmente a alguien así sea una hija, y tiene prohibido comprar una vivienda privada en todo el territorio nacional. (De mi análisis de la carta de adjudicación, 24 de junio de 2022.) Eso, y no otra cosa, es la esclavitud moderna.

Al leer el anuncio no sabía si reír o llorar. Qué vergüenza. Pareciera que todo depende de 60 nuevos burócratas que harán "ágilmente" unas 5.000.000 de visitas —acordes con las inauguraciones— en unos 2.200 urbanismos del país. Hagamos la cuenta: 1.400 entrevistas por funcionario, para pedir cuatro requisitos que ya poseen, inútiles y no determinantes para entregar la vivienda en propiedad.

1. Cédula vigente: ¿sin cédula el funcionario pierde la visita y el asignado la vivienda?

2. RIF actualizado: ¿personas de bajos ingresos y trabajo informal con el RIF al día?

3. Constancia de ingresos: ¿es que van a pagar cuotas?, ¿sin ingresos le quitan la casa?

4. Carta de no poseer otra vivienda: ya la firmó al momento de la asignación.

Lo que de verdad se requiere para transformar la vivienda asignada en vivienda privada no es papelería del pobre asignado: es entender y destruir el entramado de requerimientos elaborados por ineptos durante 27 anos; Tales como anular la decisión del TSJ que prohíbe la propiedad privada "por ser contraria a los intereses de la nación", modificar las normas que exigen los registros inmobiliarios —tradición legal de la tierra, permisos de planeamiento urbano, institutos de servicios, permiso sanitario, permiso de construcción, cédula de habitabilidad, ficha catastral, solvencia municipal, documento de parcelamiento y de condominio, etc—. Primero la ley, después el registro; jamás al revés. Eso fue lo que hizo Perú con De Soto: no le pidió papeles al ocupante, cambió la ley y tituló en masa.

Sin duda alguna, el problema esta mal enfocado y por lo tanto el proceso será un fiasco. El problema no radica en nada con el asignado, el problema es del asignador. En mi opinión personal el régimen no desea una contabilidad o conteo simple de la Gran Misión Vivienda por los resultados obvios; pues no creo que lleguen a 400.000 las nuevas viviendas construidas. Esas 5.000.000 de viviendas no existen !!! ; pero quizás si cancelaron 5 millones. La realidad de no modificar el proceso; es que será una debacle operativa ese programa. En materia inmobiliaria es imposible que algo finalice bien cuando su origen esta mal conceptualizado. Con inicio nefasto el final será caótico… JORNADAS PARA VIVIENDAS PRIVADAS.

RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA

 Ante un problema supuestamente inexistente por la gran cantidad de nuevas viviendas construidas durante estos 27 años de socialismo, el régimen considera que requiere de unas 500.000 unidades que solo existen en la propiedad privada de ciudadanos comunes que han emigrado por falta de trabajo, inseguridad social e inflación. Parece ser que, de nuevo, la solución es otra violación a la institucionalidad de la propiedad.

El nombre suena un tanto abstracto, pero lo que designa es concreto y palpable. Cuando un tejido social, económico y político ha sufrido una devastación institucional —mediante expoliaciones y normativas a la medida de operaciones políticas puntuales, inventando categorías administrativas y operativas cuya única función fue la transferencia de la propiedad privada a la pública sin costo alguno—, el sustrato institucional se descompuso por dentro. Tanto así, que a pesar de los cambios políticos existentes a partir de Enero 2026, el cerebro y la conducta socialista parecen actuar otra vez con la misma violación a la institucionalidad de la propiedad.

Y aquí está el problema; porque el objetivo declarado son las inversiones para el país y el retorno de la diáspora productiva, y sin confianza no tendremos ni lo uno ni lo otro. El World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar mundial del Índice de Estado de Derecho desde hace dos años consecutivos. Eso no es un detalle técnico: es la radiografía del problema. El retorno a la institucionalidad significa que el Estado es garante, no expoliador. Ver el pasado con miles de expoliaciones de viviendas y propiedades deja sin construcción el porvenir.

Por eso me parece excelente la solicitud de modificación de leyes inmobiliarias presentada a la Asamblea Nacional, pero solo si esa modificación soporta la institucionalidad de la vivienda con los siguientes cinco aspectos:

1. Garantías institucionales de propiedad privada, escritas con rango de protección reforzada.

2. Respeto a lo ajeno — empezando por las propiedades expoliadas que esperan restitución.

3. Incentivos claros para la inversión, no decretos generales sin instrumentación.

4. Promoción de nuevas viviendas con seguridad jurídica para el constructor y el comprador.

5. Reparación de los daños causados por actos anteriores.

  

Sin esa lista, secuencia y/o resumen cualquier “modificación de leyes inmobiliarias” será otra capa del mismo problema existente de las viviendas en Venezuela. Todo debe ser… RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA.

(1) “Que Fedecámaras exija protección a la vivienda privada”, 16 de julio de 2021.

(2) World Justice Project — Rule of Law Index, reportes anuales.

DELCY: ¿DE VERDAD NECESITAS 500.000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO?

La verdad es que no entiendo. Después de 27 años del régimen proyectando al mundo los “éxitos” en construcción de viviendas, ahora resulta que requieren 500.000 viviendas privadas. Inclusive Delcy, tú misma como vicepresidenta, en octubre de 2018 aprobaste la presentación internacional de los “logros” alcanzados y un plan para la “internacionalización” del mejor sistema para construir viviendas de interés social. Lo escribí en su momento (1). Más grave aún fue la conducta del presidente Maduro cuando, impulsado por la valentía del inepto, solicitó ante la Comisión de Vivienda y Hábitat de la ONU —Hábitat III, Quito 2016— que el mundo siguiera las políticas de Venezuela, supuestamente el país donde más viviendas se construían en el planeta.

Ese gran sistema del régimen descentralizó la construcción de viviendas y permitió “dibujo libre” y falsas metas en FONDUR, INAVI, PDVSA, MIVIH, Petrocasa, UBCh, Fondo Simón Bolívar, gobernaciones, alcaldías, ministerios, institutos autónomos, asociaciones de vecinos, sindicatos, consejos comunales y ayuda internacional de China, Irán, Bielorrusia, Rusia, Turquía, Portugal, Brasil, Uruguay, España, Colombia y Argentina. El sistema de “dibujo libre” logró fama internacional por formalizar la mayor burocracia histórica de fracaso público y continuo en construcción de nuevas viviendas. Es muy probable que también ostente el Récord Mundial Guinness como el fraude financiero inmobiliario más grande del planeta.

Lo más interesante de tu pregunta, Delcy, es lo que ya tienes antes de pedirle nada al sector privado. Cuentas con Petrocasa, con capacidad declarada de 100.000 viviendas por año en 12 plantas distribuidas en 10 estados. Cuentas, desde Chávez, con un decreto que te permite construir sin respetar los planes de ordenamiento urbano nacional ni municipal. Crearon una ley de modificación de zonificación automática. Y como tope de tu poder extremo, eres la mayor propietaria de viviendas sobre la faz de la tierra: 5.000.000 de viviendas que dicen haber construido con Misión Vivienda, entregadas sin título de propiedad y que por lo tanto puedes asignar y administrar según los intereses del régimen.

Mientras eso construían —en el papel—, durante años dictaron leyes para entorpecer la construcción de nuevas viviendas privadas: Ley de Alquileres, Ley de Protección al Deudor Hipotecario, Ley contra la Estafa Inmobiliaria, Ley de Regularización y Control de Arrendamientos, Ley contra la Delincuencia Organizada, prohibición de venta de viviendas en ejidos y otros terrenos del gobierno, ruptura de la tradición legal de la tierra privada vigente desde 1848, prohibición de venta en zonas especiales, eliminación de la LPH a la banca privada y un largo etcétera.

Y por si fuera poco, también crearon procedimientos para obtener viviendas ilegalmente mediante subterfugios: adquisiciones forzosas, tomas por colectivos, tomas en custodia, expoliaciones masivas en el centro de Caracas, confiscaciones, incautaciones, ocupaciones humanitarias, viviendas en custodia de tribunales, decomisos y las “honorables” invasiones pasivas o violentas dirigidas por comunidades chavistas, permitidas y apoyadas por las fuerzas del orden público.

Entonces, Delcy, hagamos cuentas. Tienes 5.000.000 de viviendas asignadas sin título —la mayor cartera inmobiliaria del planeta en manos de una sola persona—, 12 plantas Petrocasa con capacidad teórica de 100.000 unidades anuales, decretos que te eximen del ordenamiento urbano, zonificación automática a tu medida y dos décadas de leyes y procedimientos diseñados para apropiarte de cualquier inmueble sin pagarlo.

Con todo eso en tu haber, ¿de verdad necesitas perjudicar a 500.000 venezolanos que poseen UNA vivienda privada y la han pagado con su esfuerzo diario durante muchos años de trabajo?

No entiendo… DELCY: ¿DE VERDAD NECESITAS 500.000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO?

(1) “Internacionalizar Gran Misión Vivienda Venezuela”, 31 de octubre de 2018.

DELCY HACE 5 AÑOS Y LAS VIVIENDAS DE LA DIASPORA

La presidenta encargada solicita 500.000 viviendas del sector privado, y no es la primera vez que lo hace. Por eso, me limitaré a copiar mi artículo del 31 de enero de 2021, para luego volver a dedicarme a su análisis.

domingo, 31 de enero de 2021

EXPOLIACION DE VIVIENDAS A LA DIASPORA

El Régimen tiene mucho tiempo buscando la forma "legal" de tomar control de las viviendas desocupadas por la diáspora venezolana que salió en busca de un mejor vivir. Diferentes medidas aisladas han sido ejecutadas hasta ahora; expropiaciones, expoliaciones, invasiones, desalojos forzados, Sunavi, Ubica tu Casa, Sistema Patria, Censo Nacional Habitacional, Nueva Cédula Inmobiliaria, Código QR, Fondo Mixto, entre otros. Aparentemente no han tenido éxito gracias a las leyes de propiedad privada, ley de parcelamiento, condominio, título de propiedad, y en especial la Constitución y los Derechos Humanos, podría decirse que existe un muro de contención legal que ha protegido a las víctimas, propietarios, líderes vecinales, comunidades, vecinos e integrantes de las juntas de condominios y gremios como las Cámaras Inmobiliarias.

La nueva alerta sobre las viviendas desocupadas es la amenaza de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional; quien solicitó una ley dirigida a estas viviendas. Lo más preocupante es la búsqueda "legal" para la destrucción del muro de contención existente, abriendo las puertas para una nueva LEY que debido a su origen se puede anticipar que viene con medidas expoliatorias.

El nuevo mecanismo expoliatorio podría llamarse; Ley de Solidaridad, Ley de Ausencia, Ley de Abandono, Ley Recuperadora, Ley de Partida Familiar. Quizás para darle más fuerza a la lucha de clases; Ley de Emigrantes, Ley de Destierro, Ley de Expatriación. Puedo predecir la enumeración de muchos "considerandos" y "resoluciones punitivas" que contemplen un amplio espectro de medidas que apoyaran "legalmente" la toma de ese inventario de bienes privados, tales como: Confiscación por abandono de viviendas, Condominio moroso, Nuevo impuesto inmobiliario, Actualización y justo pago de impuesto, etc... También podría contemplar acciones, por una parte, para impedir que la víctima ejerza su derecho de reclamar o demandar a la nación, como traición a la patria por huir del país y/o abandono a sus vecinos y por otra la radicalización en contra de la clase media presente en el país, como no permitir segundas viviendas y/o prohibición de enriquecimiento por alquiler de viviendas, desconocimiento de viviendas heredadas, prohibición de sociedades anónimas como propietarias de viviendas, etc... 

Los sectores privados de Venezuela no deben abandonar al sector vivienda en esta oportunidad, indistintamente del partido político, gobierno u oposición; debemos permanecer unidos para evitar la legalización de un saqueo masivo de inmuebles que también podría llamarse: EXPOLIACION DE VIVIENDAS A LA DIASPORA.

JUSTICIA DE RESTITUCION EXPEDITA DE VIVIENDAS EXPOLIADAS

Tras el 3 de enero, y luego de casi tres décadas de continuas violaciones a los derechos de propiedad privada mediante expropiaciones y más de catorce modalidades de expoliación, considero que se avecina una avalancha de reclamos. Muchos seguirán la vía legal, tras el adecuado nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, —y es preciso decirlo sin eufemismos— numerosas familias despojadas, arruinadas y humilladas buscarían hacer justicia por mano propia.

He escrito extensamente sobre expropiaciones y expoliaciones de viviendas, así como de otros tipos de inmuebles, siempre en relación con las bondades de la propiedad privada en libertad y en contra de la esclavitud moderna del socialismo. Preocupado por la situación, en 2003 iniciamos la recolección de información y nos vimos en la obligación de crear un glosario para identificar los diferentes procedimientos de despojo, que derivaron en una pérdida del producto interno bruto cercana al 75 % y en una diáspora de aproximadamente 8 millones de venezolanos. Asimismo, el 11 de mayo de 2020 presenté una extensa “demanda de nulidad por inconstitucionalidad y medida cautelar innominada” ante el honorable Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

El derecho del propietario legítimo es indiscutible. La restitución debe ser la prioridad absoluta, tal como hizo Alemania tras la reunificación: primero devolver y luego indemnizar. El principio “Restitución antes que Indemnización” —Rückgabe vor Entschädigung— ponía por delante la devolución física del bien al dueño original. Solo cuando esta era imposible, injusta o el inmueble había sido adquirido de buena fe por un tercero, se optaba por la compensación económica. Esa distinción es clave: no todas las expoliaciones se resuelven de la misma manera.

Lo sensato y urgente es activar un «Fast Track» de restitución de viviendas que no dé espacio a la burocracia. Después, la víctima que lo considere justo podrá reclamar una indemnización ante los tribunales venezolanos o instancias internacionales. Para el nuevo gobierno democrático entrante, lo prestigioso será la difusión pública de la defensa de la propiedad privada mediante una JUSTICIA DE RESTITUCION EXPEDITA DE VIVIENDAS EXPOLIADAS.

ANTES Y DESPUÉS EN LAS VIVIENDAS

 Dentro del laberinto de ideas posterior al 3 de enero de 2026, he estructurado el cuadro-resumen que acompaña este artículo: diez aspectos fundamentales presentados de forma comparativa y didáctica, una pequeña guía de bolsillo para nuestros políticos —de vieja data que ya comenzaron el retorno del exilio, otros saliendo de prisión— y para los muchos nuevos líderes emergentes a nivel nacional.

Tenemos una nueva oportunidad en Venezuela para la libertad y el desarrollo; Trump la ofrece, y debemos implementar políticas públicas correctas de protección a la propiedad privada.

Cuadro Comparativo: Antes vs. Después
Aspecto	Antes (Socialismo – Esclavitud Moderna)	Después (Democracia – Libertad)
Propiedad	Carta de asignación sin valor jurídico. La vivienda pertenece al Estado.	Título de propiedad pleno, con derechos legales reconocidos.
Libertad económica	No se puede vender, alquilar, hipotecar ni heredar.	Se puede disponer libremente: vender, hipotecar, alquilar, heredar.
Control político	El acceso a la vivienda depende de la lealtad al PSUV (carnet de la patria, jefes de calle).	La vivienda queda fuera de la política; es un derecho garantizado, no un chantaje.
Movilidad social	La familia queda estancada: no puede generar patrimonio ni progresar.	La familia puede mejorar su vivienda, generar riqueza y ascender socialmente.
Participación ciudadana	Pasividad: la comunidad obedece a estructuras impuestas (consejos comunales).	Actividad: propietarios se organizan en condominios, juntas de vecinos y asociaciones libres.
Cultura política	Dependencia del Estado: "la casa me la dio el gobierno".	Cultura de propiedad: "la casa es mía, fruto de un derecho y un patrimonio".
Impacto electoral	Voto condicionado por miedo a perder el techo.	Voto libre, sin amenazas ni coacción.
Valor patrimonial	Viviendas muertas: pasivo económico, sin valor de mercado.	Viviendas vivas: activos valorizados, inyectan miles de millones de USD a la economía.
Relación con el sector privado	Construcción estatal centralizada, burocrática y corrupta.	Reactivación de la construcción privada y del mercado inmobiliario.
Imagen internacional	Venezuela señalada por violar derechos humanos y usar la vivienda como mecanismo de opresión.	Venezuela reconocida como promotora de la libertad, los derechos de propiedad y la democracia.

He promocionado, diseñado, construido y vendido varios desarrollos inmobiliarios; años de trabajo y cientos de artículos respaldan el cuadro. La experiencia de haber vivido el antes y el después me permite señalar la diferencia. He estudiado y escrito durante más de 30 años el concepto y uso de la vivienda en el socialismo, así como en el capitalismo.

Esta colaboración didáctica sirve como hoja de ruta para señalar el camino correcto en materia de viviendas: fundamental la propiedad privada, el ordenamiento urbano y las políticas habitacionales. La confianza no se decreta, se inspira. Por eso es tan importante dominar el concepto de las… ANTES Y DESPUÉS EN LAS VIVIENDAS.

LA PUGNA DE 4 COMPRADORES DE VIVIENDAS

En la entrega anterior de este laberinto de ideas y análisis inmobiliarios describí la pugna que se avecina en las burbujas de Caracas. A solicitud de lectores, hoy profundizo en los cuatro arquetipos de compradores que presionan las áreas de máxima calidad de vida: Chacao, zonas de Baruta y El Hatillo. Son cuatro billeteras distintas que exigen similares condiciones de construcción, ubicación y seguridad, con un problema común: compiten por las mismas viviendas existentes.

Los repatriados buscan vivienda con la emoción del retorno. Compran con esperanza y certeza de reestablecerse y triunfar. Muchos son profesionales de clase media que vienen de grandes ciudades del exterior, conocen el potencial de Venezuela y están estructurados en dólares —física y mentalmente—. Cuentan con efectivo y compiten directamente en las burbujas. Lo que necesitan: créditos hipotecarios
en dólares y políticas de incentivo al retorno.

Los mantuanos del interior—así los he denominado— son inmigrantes internos del país que proceden de buenas familias trabajadoras, con activos tangibles como bienes materiales e intangibles como su honestidad, trabajo y arraigo comunitario en su pueblo o ciudad de origen.
Son conocidas, importantes e influyentes en el bienestar colectivo. Muchos ya instalados en las burbujas se van a mantener con resignación a no volver a su cuna de origen por las paupérrimas condiciones de infraestructura y seguridad. También podríamos llamarlos NEOCRIOLLOS. Lo que necesitan: incentivos financieros y nuevas viviendas fuera de las burbujas que compitan en calidad.

Los Amos del Valle —calificación de Herrera Luque— son los caraqueños de siempre, con riqueza de bienes tangibles, raíces profundas económicas y culturales en la ciudad. Viven en las mejores ubicaciones de la burbuja, muchas desarrolladas por ellos mismos; todavía poseen terrenos. Son ricos de cuna con alto contacto social, mantienen capacidad operativa personal y familiar para influir en zonificaciones, densidades y expansión urbana. Este grupo ha sobrevivido desde la colonia a toda crisis económica y política: están en su territorio y lo defienden a como dé lugar. Lo que necesitan: facilidades gubernamentales para nuevos desarrollos inmobiliarios.

Los extranjeros recién llegados —o por llegar— son empresarios visionarios y oportunistas, con billetera libre en dólares, motivados por el nuevo vecino de Colinas de Valle Arriba. Se sienten llamados a ingresar en esta nueva especie de colonia americana que garantiza la inversión. Están analizando concesiones, representaciones, compras de negocios expoliados o empresas del Estado que hoy no valen nada. Para ellos, las viviendas en las burbujas son económicas y el precio importa poco. Lo que necesitan: seguridad jurídica y facilidad de reconversión. 

La oferta y demanda de chavistas y enchufados corruptos está nivelada: unos venden para huir y otros compran para esconder. Esa no es demanda real, es lavadora en pánico.

Son cuatro los grupos honorables de compradores y cada uno requiere políticas públicas distintas: Algo parecido hizo Dubái cuando abrió su mercado en 2003: segmentar la demanda y dar a cada grupo lo que necesitaba. Por ahora, lo que tenemos es oferta limitada y precio ascendente... LA PUGNA DE  4
COMPRADORES DE VIVIENDAS.

* Pugna por Viviendas en las Burbujas, febrero 2026.
** Amanecer Inmobiliario, 02 de enero de 2026.
*** Viviendas en la Burbuja de Caracas, 19 de marzo de 2023.
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