VÍCTIMAS DE LAS VIVIENDAS PRIVADAS COLAPSADAS

En relación con las viviendas colapsadas, total o parcialmente, por el doble terremoto del 24 de junio, las he clasificado en dos grupos: las viviendas del gobierno (con habitantes asignados) y las viviendas privadas (con propietarios que poseen su documento de propiedad). Estas últimas, a su vez, se dividen en dos categorías: las declaradas o utilizadas como vivienda principal y las viviendas secundarias o de recreo. Estas deben someterse a un estudio o análisis distinto al de la principal, ya que el propietario, aunque afectado económicamente, sigue contando con su vivienda principal.

Hoy me refiero únicamente a las familias que, en su vivienda principal y privada, fueron afectadas total o parcialmente y necesitan atención inmediata. Estas casas son fruto de años de esfuerzo familiar: ahorros, cuota inicial, pagos parciales, mensualidades, cuotas extraordinarias a entidades financieras, condominio, mantenimiento, ampliaciones, entre otros. Un primer análisis apunta a soluciones para los propietarios que han perdido su hogar al 100%, ya sea por colapso total o por pérdida de habitabilidad. Son familias que en apenas 45 segundos pasaron de clase media a vivir en la pobreza.

Las posibles nuevas viviendas para esas familias ya existen, están construidas y disponibles en el mercado secundario, que representa cerca del 94% de la oferta nacional. El desafío está en crear mecanismos operativos y financieros que faciliten su compra. La tragedia de este terremoto podría convertirse en el impulso para reactivar el sector inmobiliario a nivel nacional, tanto en el mercado secundario como en el de nuevas construcciones. Un buen programa de política pública permitiría que las familias afectadas obtuvieran rápidamente una residencia en condiciones similares a las que tenían. Este plan debería declararse de urgencia inmediata y efectiva para preservar la vida social, económica y las perspectivas patrimoniales previas al desastre. Es prioritario brindar ayuda, subsidios o incentivos para que permanezcan en el país y sigan contribuyendo al PIB. No podemos permitir que más venezolanos de clase media y alta, con empresas, trabajo y familia, abandonen el territorio nacional; todo lo necesario para que el arraigo a Venezuela pese en su decisión.

Hay varias opciones para reactivar de inmediato el sector inmobiliario, como solicitar un crédito adicional o incluir una partida especial en el próximo presupuesto nacional, concentrada como fondo único de la Ley de Política Habitacional (LPH), así como tramitar préstamos de emergencia humanitaria del FMI, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y/o CAF. También se podría destinar un porcentaje de la venta del petróleo a la banca privada. Con esos ingresos, provenientes de organismos públicos e internacionales, los bancos privados podrían otorgar créditos inmediatos a las víctimas de vivienda principal y privada, con título de propiedad, que haya colapsado o quedado inhabilitada. Un decreto presidencial drástico, urgente e inmediato beneficiaría a todas las familias afectadas. Crédito en dólares, sin intereses, con cuotas mensuales del 5-15% de los ingresos como pago directo de capital durante los años necesarios, sin importar el tiempo, hasta su cancelación. Soy un defensor del ciclo financiero de la vivienda.

Ninguna comisión presidencial de este régimen, con burócratas incompetentes y corruptos, va a resolver nada. Es urgente crear un fondo financiero y nombrar un comisionado con poderes especiales para la atención crediticia; un proceso exprés de 15 días con solo dos requisitos para obtener un crédito y comprar una vivienda del mercado secundario: 1) el documento de propiedad de la vivienda colapsada o declarada inhabilitada y 2) el comprobante de ser dueño de empresa y/o tener un trabajo estable por al menos 3 años. Es necesario impulsar sin demora una política pública rápida y efectiva para las VÍCTIMAS DE LAS VIVIENDAS PRIVADAS COLAPSADAS.

METAMORFOSIS DE "VIVIENDAS MUERTAS A VIVIENDAS VIVAS"

El concepto de “viviendas muertas”, que uso desde hace años, se refiere a aquellas que pertenecen o están bajo control del Estado y que, por lógica, representan un pasivo creciente con el tiempo. En lo financiero, inmovilizan capital en una vivienda que no genera intereses ni devuelven capital, aumentan los costos de mantenimiento cada año convirtiéndose en un cementerio financiero que exige recursos frescos en cada nuevo presupuesto nacional. En lo social, erosionan la libertad y fomentan una forma de esclavitud moderna. En lo patrimonial, son un préstamo que no enriquece al ocupante y empobrece al Estado. En lo familiar, provocan ansiedad psicológica y frustración colectiva por estar en un limbo de propiedad con una vivienda asignada. Y en lo operativo, están gestionadas por una kakistocracia.

El 18 de enero de este año escribí EL RETORNO DE LAS "VIVIENDAS VIVAS", y no hacía falta ser adivino; la propia anarquía, ruina y caos es insostenible. Ese disparatado concepto socialista de asignar viviendas sin documento de propiedad le ha costado a Venezuela miles de millones de dólares, agravando el desorden en la planificación urbana, la pobreza y la marginalidad.

El título de propiedad es el punto de partida hacia las “viviendas vivas”. Vale recordar que Aristóteles ya lo advirtió: “la propiedad comunal conduce a un conflicto continuo y agudo, pues el bien no tiene doliente”... hace 2.300 años. No hay que inventar nada; en Perú, con Hernando de Soto, se implementó una política pública que otorgó a viviendas informales un documento de propiedad para cada ocupante, beneficiando a unos 2 millones de inmuebles. Una de las primeras acciones que considero necesarias en Venezuela es derogar la sentencia TSJ del año 2016 que declara que el documento de propiedad es contrario a los intereses de la nación.*, **

El 31 de mayo comenzó una evolución positiva para el bienestar de la nación, la propiedad privada, la democracia y los derechos humanos. El desmantelamiento del cementerio financiero es la METAMORFOSIS DE "VIVIENDAS MUERTAS A VIVIENDAS VIVAS."

* https://guillermobellovicentini.blogspot.com/2018/02/la-vivienda-en-propiedad-tsj-y-16.html

** TSJ/salaconstitucional/sentencia 343/6/2016 p. 42

JORNADAS PARA VIVIENDAS PRIVADAS

 El 31 de mayo el Ministerio para el Hábitat y Vivienda anunció el inicio de un proceso para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela: activar la regularización legal que transforma al asignado en propietario. Incluso la presidenta encargada instó a reducir lapsos y agilizar trámites.

Deseo recordar a los lectores lo qué firmó el asignado al recibir las llaves: una "carta de adjudicación de vivienda" —una especie de compra-venta de familias— que le prohíbe ceder, traspasar, arrendar, vender, enajenar, gravar, abandonar o dar en custodia el inmueble. Debe informar quiénes lo habitan, sus salidas y retornos de vacaciones, pedir permiso para alojar temporalmente a alguien así sea una hija, y tiene prohibido comprar una vivienda privada en todo el territorio nacional. (De mi análisis de la carta de adjudicación, 24 de junio de 2022.) Eso, y no otra cosa, es la esclavitud moderna.

Al leer el anuncio no sabía si reír o llorar. Qué vergüenza. Pareciera que todo depende de 60 nuevos burócratas que harán "ágilmente" unas 5.000.000 de visitas —acordes con las inauguraciones— en unos 2.200 urbanismos del país. Hagamos la cuenta: 1.400 entrevistas por funcionario, para pedir cuatro requisitos que ya poseen, inútiles y no determinantes para entregar la vivienda en propiedad.

1. Cédula vigente: ¿sin cédula el funcionario pierde la visita y el asignado la vivienda?

2. RIF actualizado: ¿personas de bajos ingresos y trabajo informal con el RIF al día?

3. Constancia de ingresos: ¿es que van a pagar cuotas?, ¿sin ingresos le quitan la casa?

4. Carta de no poseer otra vivienda: ya la firmó al momento de la asignación.

Lo que de verdad se requiere para transformar la vivienda asignada en vivienda privada no es papelería del pobre asignado: es entender y destruir el entramado de requerimientos elaborados por ineptos durante 27 anos; Tales como anular la decisión del TSJ que prohíbe la propiedad privada "por ser contraria a los intereses de la nación", modificar las normas que exigen los registros inmobiliarios —tradición legal de la tierra, permisos de planeamiento urbano, institutos de servicios, permiso sanitario, permiso de construcción, cédula de habitabilidad, ficha catastral, solvencia municipal, documento de parcelamiento y de condominio, etc—. Primero la ley, después el registro; jamás al revés. Eso fue lo que hizo Perú con De Soto: no le pidió papeles al ocupante, cambió la ley y tituló en masa.

Sin duda alguna, el problema esta mal enfocado y por lo tanto el proceso será un fiasco. El problema no radica en nada con el asignado, el problema es del asignador. En mi opinión personal el régimen no desea una contabilidad o conteo simple de la Gran Misión Vivienda por los resultados obvios; pues no creo que lleguen a 400.000 las nuevas viviendas construidas. Esas 5.000.000 de viviendas no existen !!! ; pero quizás si cancelaron 5 millones. La realidad de no modificar el proceso; es que será una debacle operativa ese programa. En materia inmobiliaria es imposible que algo finalice bien cuando su origen esta mal conceptualizado. Con inicio nefasto el final será caótico… JORNADAS PARA VIVIENDAS PRIVADAS.

RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA

 Ante un problema supuestamente inexistente por la gran cantidad de nuevas viviendas construidas durante estos 27 años de socialismo, el régimen considera que requiere de unas 500.000 unidades que solo existen en la propiedad privada de ciudadanos comunes que han emigrado por falta de trabajo, inseguridad social e inflación. Parece ser que, de nuevo, la solución es otra violación a la institucionalidad de la propiedad.

El nombre suena un tanto abstracto, pero lo que designa es concreto y palpable. Cuando un tejido social, económico y político ha sufrido una devastación institucional —mediante expoliaciones y normativas a la medida de operaciones políticas puntuales, inventando categorías administrativas y operativas cuya única función fue la transferencia de la propiedad privada a la pública sin costo alguno—, el sustrato institucional se descompuso por dentro. Tanto así, que a pesar de los cambios políticos existentes a partir de Enero 2026, el cerebro y la conducta socialista parecen actuar otra vez con la misma violación a la institucionalidad de la propiedad.

Y aquí está el problema; porque el objetivo declarado son las inversiones para el país y el retorno de la diáspora productiva, y sin confianza no tendremos ni lo uno ni lo otro. El World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar mundial del Índice de Estado de Derecho desde hace dos años consecutivos. Eso no es un detalle técnico: es la radiografía del problema. El retorno a la institucionalidad significa que el Estado es garante, no expoliador. Ver el pasado con miles de expoliaciones de viviendas y propiedades deja sin construcción el porvenir.

Por eso me parece excelente la solicitud de modificación de leyes inmobiliarias presentada a la Asamblea Nacional, pero solo si esa modificación soporta la institucionalidad de la vivienda con los siguientes cinco aspectos:

1. Garantías institucionales de propiedad privada, escritas con rango de protección reforzada.

2. Respeto a lo ajeno — empezando por las propiedades expoliadas que esperan restitución.

3. Incentivos claros para la inversión, no decretos generales sin instrumentación.

4. Promoción de nuevas viviendas con seguridad jurídica para el constructor y el comprador.

5. Reparación de los daños causados por actos anteriores.

  

Sin esa lista, secuencia y/o resumen cualquier “modificación de leyes inmobiliarias” será otra capa del mismo problema existente de las viviendas en Venezuela. Todo debe ser… RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA.

(1) “Que Fedecámaras exija protección a la vivienda privada”, 16 de julio de 2021.

(2) World Justice Project — Rule of Law Index, reportes anuales.

DELCY: ¿DE VERDAD NECESITAS 500.000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO?

La verdad es que no entiendo. Después de 27 años del régimen proyectando al mundo los “éxitos” en construcción de viviendas, ahora resulta que requieren 500.000 viviendas privadas. Inclusive Delcy, tú misma como vicepresidenta, en octubre de 2018 aprobaste la presentación internacional de los “logros” alcanzados y un plan para la “internacionalización” del mejor sistema para construir viviendas de interés social. Lo escribí en su momento (1). Más grave aún fue la conducta del presidente Maduro cuando, impulsado por la valentía del inepto, solicitó ante la Comisión de Vivienda y Hábitat de la ONU —Hábitat III, Quito 2016— que el mundo siguiera las políticas de Venezuela, supuestamente el país donde más viviendas se construían en el planeta.

Ese gran sistema del régimen descentralizó la construcción de viviendas y permitió “dibujo libre” y falsas metas en FONDUR, INAVI, PDVSA, MIVIH, Petrocasa, UBCh, Fondo Simón Bolívar, gobernaciones, alcaldías, ministerios, institutos autónomos, asociaciones de vecinos, sindicatos, consejos comunales y ayuda internacional de China, Irán, Bielorrusia, Rusia, Turquía, Portugal, Brasil, Uruguay, España, Colombia y Argentina. El sistema de “dibujo libre” logró fama internacional por formalizar la mayor burocracia histórica de fracaso público y continuo en construcción de nuevas viviendas. Es muy probable que también ostente el Récord Mundial Guinness como el fraude financiero inmobiliario más grande del planeta.

Lo más interesante de tu pregunta, Delcy, es lo que ya tienes antes de pedirle nada al sector privado. Cuentas con Petrocasa, con capacidad declarada de 100.000 viviendas por año en 12 plantas distribuidas en 10 estados. Cuentas, desde Chávez, con un decreto que te permite construir sin respetar los planes de ordenamiento urbano nacional ni municipal. Crearon una ley de modificación de zonificación automática. Y como tope de tu poder extremo, eres la mayor propietaria de viviendas sobre la faz de la tierra: 5.000.000 de viviendas que dicen haber construido con Misión Vivienda, entregadas sin título de propiedad y que por lo tanto puedes asignar y administrar según los intereses del régimen.

Mientras eso construían —en el papel—, durante años dictaron leyes para entorpecer la construcción de nuevas viviendas privadas: Ley de Alquileres, Ley de Protección al Deudor Hipotecario, Ley contra la Estafa Inmobiliaria, Ley de Regularización y Control de Arrendamientos, Ley contra la Delincuencia Organizada, prohibición de venta de viviendas en ejidos y otros terrenos del gobierno, ruptura de la tradición legal de la tierra privada vigente desde 1848, prohibición de venta en zonas especiales, eliminación de la LPH a la banca privada y un largo etcétera.

Y por si fuera poco, también crearon procedimientos para obtener viviendas ilegalmente mediante subterfugios: adquisiciones forzosas, tomas por colectivos, tomas en custodia, expoliaciones masivas en el centro de Caracas, confiscaciones, incautaciones, ocupaciones humanitarias, viviendas en custodia de tribunales, decomisos y las “honorables” invasiones pasivas o violentas dirigidas por comunidades chavistas, permitidas y apoyadas por las fuerzas del orden público.

Entonces, Delcy, hagamos cuentas. Tienes 5.000.000 de viviendas asignadas sin título —la mayor cartera inmobiliaria del planeta en manos de una sola persona—, 12 plantas Petrocasa con capacidad teórica de 100.000 unidades anuales, decretos que te eximen del ordenamiento urbano, zonificación automática a tu medida y dos décadas de leyes y procedimientos diseñados para apropiarte de cualquier inmueble sin pagarlo.

Con todo eso en tu haber, ¿de verdad necesitas perjudicar a 500.000 venezolanos que poseen UNA vivienda privada y la han pagado con su esfuerzo diario durante muchos años de trabajo?

No entiendo… DELCY: ¿DE VERDAD NECESITAS 500.000 VIVIENDAS DEL SECTOR PRIVADO?

(1) “Internacionalizar Gran Misión Vivienda Venezuela”, 31 de octubre de 2018.

DELCY HACE 5 AÑOS Y LAS VIVIENDAS DE LA DIASPORA

La presidenta encargada solicita 500.000 viviendas del sector privado, y no es la primera vez que lo hace. Por eso, me limitaré a copiar mi artículo del 31 de enero de 2021, para luego volver a dedicarme a su análisis.

domingo, 31 de enero de 2021

EXPOLIACION DE VIVIENDAS A LA DIASPORA

El Régimen tiene mucho tiempo buscando la forma "legal" de tomar control de las viviendas desocupadas por la diáspora venezolana que salió en busca de un mejor vivir. Diferentes medidas aisladas han sido ejecutadas hasta ahora; expropiaciones, expoliaciones, invasiones, desalojos forzados, Sunavi, Ubica tu Casa, Sistema Patria, Censo Nacional Habitacional, Nueva Cédula Inmobiliaria, Código QR, Fondo Mixto, entre otros. Aparentemente no han tenido éxito gracias a las leyes de propiedad privada, ley de parcelamiento, condominio, título de propiedad, y en especial la Constitución y los Derechos Humanos, podría decirse que existe un muro de contención legal que ha protegido a las víctimas, propietarios, líderes vecinales, comunidades, vecinos e integrantes de las juntas de condominios y gremios como las Cámaras Inmobiliarias.

La nueva alerta sobre las viviendas desocupadas es la amenaza de la vicepresidenta de la Asamblea Nacional; quien solicitó una ley dirigida a estas viviendas. Lo más preocupante es la búsqueda "legal" para la destrucción del muro de contención existente, abriendo las puertas para una nueva LEY que debido a su origen se puede anticipar que viene con medidas expoliatorias.

El nuevo mecanismo expoliatorio podría llamarse; Ley de Solidaridad, Ley de Ausencia, Ley de Abandono, Ley Recuperadora, Ley de Partida Familiar. Quizás para darle más fuerza a la lucha de clases; Ley de Emigrantes, Ley de Destierro, Ley de Expatriación. Puedo predecir la enumeración de muchos "considerandos" y "resoluciones punitivas" que contemplen un amplio espectro de medidas que apoyaran "legalmente" la toma de ese inventario de bienes privados, tales como: Confiscación por abandono de viviendas, Condominio moroso, Nuevo impuesto inmobiliario, Actualización y justo pago de impuesto, etc... También podría contemplar acciones, por una parte, para impedir que la víctima ejerza su derecho de reclamar o demandar a la nación, como traición a la patria por huir del país y/o abandono a sus vecinos y por otra la radicalización en contra de la clase media presente en el país, como no permitir segundas viviendas y/o prohibición de enriquecimiento por alquiler de viviendas, desconocimiento de viviendas heredadas, prohibición de sociedades anónimas como propietarias de viviendas, etc... 

Los sectores privados de Venezuela no deben abandonar al sector vivienda en esta oportunidad, indistintamente del partido político, gobierno u oposición; debemos permanecer unidos para evitar la legalización de un saqueo masivo de inmuebles que también podría llamarse: EXPOLIACION DE VIVIENDAS A LA DIASPORA.

JUSTICIA DE RESTITUCION EXPEDITA DE VIVIENDAS EXPOLIADAS

Tras el 3 de enero, y luego de casi tres décadas de continuas violaciones a los derechos de propiedad privada mediante expropiaciones y más de catorce modalidades de expoliación, considero que se avecina una avalancha de reclamos. Muchos seguirán la vía legal, tras el adecuado nombramiento de la nueva Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, —y es preciso decirlo sin eufemismos— numerosas familias despojadas, arruinadas y humilladas buscarían hacer justicia por mano propia.

He escrito extensamente sobre expropiaciones y expoliaciones de viviendas, así como de otros tipos de inmuebles, siempre en relación con las bondades de la propiedad privada en libertad y en contra de la esclavitud moderna del socialismo. Preocupado por la situación, en 2003 iniciamos la recolección de información y nos vimos en la obligación de crear un glosario para identificar los diferentes procedimientos de despojo, que derivaron en una pérdida del producto interno bruto cercana al 75 % y en una diáspora de aproximadamente 8 millones de venezolanos. Asimismo, el 11 de mayo de 2020 presenté una extensa “demanda de nulidad por inconstitucionalidad y medida cautelar innominada” ante el honorable Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el exilio.

El derecho del propietario legítimo es indiscutible. La restitución debe ser la prioridad absoluta, tal como hizo Alemania tras la reunificación: primero devolver y luego indemnizar. El principio “Restitución antes que Indemnización” —Rückgabe vor Entschädigung— ponía por delante la devolución física del bien al dueño original. Solo cuando esta era imposible, injusta o el inmueble había sido adquirido de buena fe por un tercero, se optaba por la compensación económica. Esa distinción es clave: no todas las expoliaciones se resuelven de la misma manera.

Lo sensato y urgente es activar un «Fast Track» de restitución de viviendas que no dé espacio a la burocracia. Después, la víctima que lo considere justo podrá reclamar una indemnización ante los tribunales venezolanos o instancias internacionales. Para el nuevo gobierno democrático entrante, lo prestigioso será la difusión pública de la defensa de la propiedad privada mediante una JUSTICIA DE RESTITUCION EXPEDITA DE VIVIENDAS EXPOLIADAS.