VÍCTIMAS DE LAS VIVIENDAS PRIVADAS COLAPSADAS

En relación con las viviendas colapsadas, total o parcialmente, por el doble terremoto del 24 de junio, las he clasificado en dos grupos: las viviendas del gobierno (con habitantes asignados) y las viviendas privadas (con propietarios que poseen su documento de propiedad). Estas últimas, a su vez, se dividen en dos categorías: las declaradas o utilizadas como vivienda principal y las viviendas secundarias o de recreo. Estas deben someterse a un estudio o análisis distinto al de la principal, ya que el propietario, aunque afectado económicamente, sigue contando con su vivienda principal.

Hoy me refiero únicamente a las familias que, en su vivienda principal y privada, fueron afectadas total o parcialmente y necesitan atención inmediata. Estas casas son fruto de años de esfuerzo familiar: ahorros, cuota inicial, pagos parciales, mensualidades, cuotas extraordinarias a entidades financieras, condominio, mantenimiento, ampliaciones, entre otros. Un primer análisis apunta a soluciones para los propietarios que han perdido su hogar al 100%, ya sea por colapso total o por pérdida de habitabilidad. Son familias que en apenas 45 segundos pasaron de clase media a vivir en la pobreza.

Las posibles nuevas viviendas para esas familias ya existen, están construidas y disponibles en el mercado secundario, que representa cerca del 94% de la oferta nacional. El desafío está en crear mecanismos operativos y financieros que faciliten su compra. La tragedia de este terremoto podría convertirse en el impulso para reactivar el sector inmobiliario a nivel nacional, tanto en el mercado secundario como en el de nuevas construcciones. Un buen programa de política pública permitiría que las familias afectadas obtuvieran rápidamente una residencia en condiciones similares a las que tenían. Este plan debería declararse de urgencia inmediata y efectiva para preservar la vida social, económica y las perspectivas patrimoniales previas al desastre. Es prioritario brindar ayuda, subsidios o incentivos para que permanezcan en el país y sigan contribuyendo al PIB. No podemos permitir que más venezolanos de clase media y alta, con empresas, trabajo y familia, abandonen el territorio nacional; todo lo necesario para que el arraigo a Venezuela pese en su decisión.

Hay varias opciones para reactivar de inmediato el sector inmobiliario, como solicitar un crédito adicional o incluir una partida especial en el próximo presupuesto nacional, concentrada como fondo único de la Ley de Política Habitacional (LPH), así como tramitar préstamos de emergencia humanitaria del FMI, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial y/o CAF. También se podría destinar un porcentaje de la venta del petróleo a la banca privada. Con esos ingresos, provenientes de organismos públicos e internacionales, los bancos privados podrían otorgar créditos inmediatos a las víctimas de vivienda principal y privada, con título de propiedad, que haya colapsado o quedado inhabilitada. Un decreto presidencial drástico, urgente e inmediato beneficiaría a todas las familias afectadas. Crédito en dólares, sin intereses, con cuotas mensuales del 5-15% de los ingresos como pago directo de capital durante los años necesarios, sin importar el tiempo, hasta su cancelación. Soy un defensor del ciclo financiero de la vivienda.

Ninguna comisión presidencial de este régimen, con burócratas incompetentes y corruptos, va a resolver nada. Es urgente crear un fondo financiero y nombrar un comisionado con poderes especiales para la atención crediticia; un proceso exprés de 15 días con solo dos requisitos para obtener un crédito y comprar una vivienda del mercado secundario: 1) el documento de propiedad de la vivienda colapsada o declarada inhabilitada y 2) el comprobante de ser dueño de empresa y/o tener un trabajo estable por al menos 3 años. Es necesario impulsar sin demora una política pública rápida y efectiva para las VÍCTIMAS DE LAS VIVIENDAS PRIVADAS COLAPSADAS.