Desde hace muchos años he sido crítico de la Misión Vivienda por la cantidad de daños que causó al país: sociales, financieros y políticos. Venezuela fue una sociedad igualitaria en materia de propiedad de la vivienda hasta que apareció el socialismo, ideología de control ciudadano que le quitó el derecho a la propiedad al segmento más pobre de la sociedad, creando una forma de esclavitud moderna. La fuerza y el poder del título de propiedad eran idénticos para pobres y ricos, sin importar si el dinero era público o privado.
Esa política pública creó dos tipos de vivienda.
LA ASIGNADA: La vivienda asignada, que desde hace años he identificado como vivienda muerta, es una riqueza familiar ficticia, un préstamo de uso sin intereses pero condicionado al servilismo político. Prohíbe el libre tránsito porque no permite mudanza ni convertibilidad monetaria. El ocupante pierde la identificación con el inmueble, su mantenimiento y el arraigo a la zona. Congela el costo de construcción en una sola familia sin retorno al Estado: son viviendas egoístas, no aportan nada para que otros venezolanos tengan vivienda en el futuro. La mayoría son informales, sin tradición legal de la tierra, muchas sin estudios geotécnicos ni permisos de construcción, y por lo tanto sin cédula de habitabilidad sanitaria ni municipal, sin documento de parcelamiento, condominio ni propiedad. Habitadas, no pagan agua, electricidad, aseo, catastro ni condominio. Toda una estructura semi-legal incentivadora de la pobreza, una especie de submundo marginal creado y patrocinado por el Estado. Todas esas viviendas son del Estado.
LA PROPIEDAD: La vivienda comprada, la vivienda viva, es riqueza familiar verdadera. Para las familias humildes es el único patrimonio creciente que genera libertad social y económica. Cumple con los planes urbanos de zonificación y densidad, con tradición legal de la tierra, proyecto, permisología y habitabilidades. Sus propietarios disfrutan de libre tránsito: pueden vender, alquilar, hipotecar, permutar, remodelar. Genera arraigo y disposición a cuidar y mantener para aumentar el valor. Forja disciplina financiera y actitud responsable ante la sociedad: se pagan cuotas a bancos, electricidad, agua, aseo e impuestos. Su pago, en cuotas o de contado, financia la construcción de nuevas viviendas para otros venezolanos. Ninguna de estas viviendas es del Estado.
El doble terremoto sacó a la luz pública el problema: entre los damnificados existe una diferencia creada por el propio gobierno. El propietario sí es víctima patrimonial inmobiliaria: perdió un bien real, con documento, y merece un programa de restitución de su patrimonio. El asignado no perdió patrimonio inmobiliario porque nunca lo tuvo… el damnificado patrimonial de todas y cada una de las viviendas asignadas destruida es el Estado, su único dueño. El asignado es víctima dos veces: del terremoto y del sistema que jamás le entregó un título. Por eso se deben formalizar dos programas distintos, y el segundo debe ser corregido con su documento de propiedad registrado. Cómo hizo Chile después de su terremoto de 2010: subsidio directo al damnificado con título en mano.
La vivienda privada fomenta la legalidad de convivencia pública reglamentada, la verdadera lucha contra la marginalidad. Mi columna se llama La Vivienda: Escalera Social y Económica, y hoy más que nunca reluce su enunciado: la vivienda como promotora de vida social ascendente y de crecimiento patrimonial. Las asignadas no cumplen con ese enunciado. Se debe volver a la igualdad de pobres y ricos con su título de propiedad, pero, por el momento, tenemos… EL TERREMOTO Y DOS TIPOS DE VIVIENDAS.
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