Las políticas públicas del socialismo del siglo XXI aplicadas al sector vivienda mediante expoliaciones y despojos arbitrarios continúan causando estragos en la economía nacional. El último Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) 2025 confirma esta realidad: Venezuela ocupa el puesto 125 de 126 países en la clasificación mundial y el último lugar en Latinoamérica y el Caribe en protección a la propiedad privada. Uno de los componentes determinantes de esta deprimente clasificación es la magnitud de terrenos y edificaciones de viviendas que han sido expoliados.
Nuestra líder satisface cualquiera de las dos opciones de enlace, expresó que "expropiar es robar" y se ha comprometido públicamente a hacer justicia. Más allá de las expropiaciones formales, fueron creados múltiples subterfugios expoliatorios que han sido documentados por la Asociación de Víctimas de Expropiaciones (ASOVIEX): ocupación temporal, ocupación forzosa, propiedad condicionada, estatización, rescate de tierras, confiscación, adquisición forzosa, tomas por sindicatos, ocupación por abandono, intervenciones, tomas inducidas, suspensión de concesiones, anulación o desconocimiento de contratos, e invasiones violentas y pasivas promovidas o toleradas por el Estado. Estos mecanismos conforman el arsenal utilizado para destruir la confianza en el país.
Con base en los estudios y documentación de ASOVIEX, presento un posible esquema de apoyo para un programa de justicia restitutiva. El punto de partida es realista: no existirá partida presupuestaria disponible para pagar en efectivo la magnitud de expoliaciones acumuladas. Ante tantas calamidades y requerimientos para reactivar la economía y generar empleo, resulta difícil justificar pagos que se convertirán en divisas fugadas sin crear puestos de trabajo. La alternativa es canalizar la creatividad y el emprendimiento de los afectados para que colaboren activamente en la reactivación económica del país.
La propuesta consiste en utilizar la energía acumulada, la capacidad y el emprendimiento de las víctimas cuyos inmuebles y lotes de terreno fueron despojados de manera expoliatoria. Se trata específicamente de terrenos con vocación de construcción de viviendas ubicados dentro de la poligonal urbana de ciudades y pueblos, cuya capacidad y rendimiento puede definirse con las tablas de MINDUR y cuya indemnización se calcularía según el valor de construcción generado. El objetivo es la reivindicación socioeconómica mediante un programa de promoción y construcción de viviendas que beneficie directamente a las víctimas.
Este programa de política pública propone pagar e indemnizar a los propietarios víctimas de expoliaciones utilizando como palanca activadora la misma deuda: los terrenos e inmuebles que fueron expoliados. Una especie de justicia a víctimas inmobiliarias que simultáneamente permite formalizar la propiedad a quienes actualmente ocupan esos espacios. Lo fundamental es generar confianza en el nuevo Estado venezolano, aprovechando todo el potencial económico de los bienes afectados y la capacidad emprendedora de las víctimas en busca de su restitución o compensación.
Involucrar activamente a los propietarios originales de la tierra en el rescate de su capital constituye un incentivo extraordinario. Se trata de promover un programa de construcción de urbanismos y viviendas desde el sector privado con apoyo gubernamental, beneficioso para el Estado, la economía y el mercado de viviendas.
Consolidar la confianza en el país con los mismos propietarios de tierras, promotores y constructores de urbanismos que operaban otrora sería un aporte significativo: evitar fuga de divisas, restablecer la identidad de la propiedad privada y el estado de derecho, y lo más importante, crear puestos de empleo y luchar contra la marginalidad.
La desconfianza se decreta y la confianza se inspira. Se puede encender e iluminar el camino del sector privado de viviendas de interés social con la RESTITUCIÓN DE LAS EXPOLIACIONES DE TERRENOS PARA VIVIENDAS. ( I )