Las políticas públicas del socialismo del siglo XXI aplicadas al sector vivienda mediante expoliaciones y despojos arbitrarios continúan causando estragos en la economía nacional. El último Índice Internacional de Derechos de Propiedad (IPRI) 2025 confirma esta realidad: Venezuela ocupa el puesto 125 de 126 países en la clasificación mundial y el último lugar en Latinoamérica y el Caribe en protección a la propiedad privada. Uno de los componentes determinantes de esta deprimente clasificación es la magnitud de terrenos y edificaciones de viviendas que han sido expoliados.
Nuestra líder satisface cualquiera de las dos opciones de enlace, expresó que "expropiar es robar" y se ha comprometido públicamente a hacer justicia. Más allá de las expropiaciones formales, fueron creados múltiples subterfugios expoliatorios que han sido documentados por la Asociación de Víctimas de Expropiaciones (ASOVIEX): ocupación temporal, ocupación forzosa, propiedad condicionada, estatización, rescate de tierras, confiscación, adquisición forzosa, tomas por sindicatos, ocupación por abandono, intervenciones, tomas inducidas, suspensión de concesiones, anulación o desconocimiento de contratos, e invasiones violentas y pasivas promovidas o toleradas por el Estado. Estos mecanismos conforman el arsenal utilizado para destruir la confianza en el país.
Con base en los estudios y documentación de ASOVIEX, presento un posible esquema de apoyo para un programa de justicia restitutiva. El punto de partida es realista: no existirá partida presupuestaria disponible para pagar en efectivo la magnitud de expoliaciones acumuladas. Ante tantas calamidades y requerimientos para reactivar la economía y generar empleo, resulta difícil justificar pagos que se convertirán en divisas fugadas sin crear puestos de trabajo. La alternativa es canalizar la creatividad y el emprendimiento de los afectados para que colaboren activamente en la reactivación económica del país.
La propuesta consiste en utilizar la energía acumulada, la capacidad y el emprendimiento de las víctimas cuyos inmuebles y lotes de terreno fueron despojados de manera expoliatoria. Se trata específicamente de terrenos con vocación de construcción de viviendas ubicados dentro de la poligonal urbana de ciudades y pueblos, cuya capacidad y rendimiento puede definirse con las tablas de MINDUR y cuya indemnización se calcularía según el valor de construcción generado. El objetivo es la reivindicación socioeconómica mediante un programa de promoción y construcción de viviendas que beneficie directamente a las víctimas.
Este programa de política pública propone pagar e indemnizar a los propietarios víctimas de expoliaciones utilizando como palanca activadora la misma deuda: los terrenos e inmuebles que fueron expoliados. Una especie de justicia a víctimas inmobiliarias que simultáneamente permite formalizar la propiedad a quienes actualmente ocupan esos espacios. Lo fundamental es generar confianza en el nuevo Estado venezolano, aprovechando todo el potencial económico de los bienes afectados y la capacidad emprendedora de las víctimas en busca de su restitución o compensación.
Involucrar activamente a los propietarios originales de la tierra en el rescate de su capital constituye un incentivo extraordinario. Se trata de promover un programa de construcción de urbanismos y viviendas desde el sector privado con apoyo gubernamental, beneficioso para el Estado, la economía y el mercado de viviendas.
Consolidar la confianza en el país con los mismos propietarios de tierras, promotores y constructores de urbanismos que operaban otrora sería un aporte significativo: evitar fuga de divisas, restablecer la identidad de la propiedad privada y el estado de derecho, y lo más importante, crear puestos de empleo y luchar contra la marginalidad.
La desconfianza se decreta y la confianza se inspira. Se puede encender e iluminar el camino del sector privado de viviendas de interés social con la RESTITUCIÓN DE LAS EXPOLIACIONES DE TERRENOS PARA VIVIENDAS. ( I )
El articulo apunta a muchos distintos problemas causado por el estado Venezuela desde 1998 al presente. El mensaje es doble. El daño a sido tan significativo que indemnificando seria imposible y puede estrangular el esfuerzo del nuevo gobierno en desarollar empleo. El otro mensaje es usamos el sector privado para inventar nuevas soluciones.Indudablemente el segundo mensaje es excelente. Hay que recordar que el país necesita apoyo del sector privado para la reactivacion economica y vis a versa. Sobre el ejemplo de vivienda hay que pensar out of the box y buscar soluciones practicas a problemas complejas y con multiples victimas.
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