El gobierno entrante tiene el reto de crear y aplicar leyes, decretos y herramientas operativas de políticas públicas mediante justicia transicional para reactivar a promotores, constructores, vendedores y administradores que desean reiniciar la actividad con inversión de dinero, tiempo y trabajo, recuperando lo que consideraban perdido por las expoliaciones y el tiempo transcurrido.
En esta oportunidad, el programa propuesto se enmarca única y exclusivamente en terrenos con vocación de vivienda dentro de las poligonales urbanas, respetando zonificaciones, densidades y asignaciones prediales, con mecanismos, costos y construcción de proyectos basados en las normativas vigentes. Queda claro que en el programa existe un producto inmobiliario que no es exactamente la vivienda pero que es vinculante —como dirían los abogados, "cosa inmobiliaria"—: el urbanismo, obligatorio en el proceso constructivo y que debe estar incluido en los costos de construcción.
Existe un esquema de incentivo y reconocimiento a los afectados —económica y psicológicamente— desarrollado por la Asociación Víctimas de Expropiaciones (ASOVIEX) que serviría de base para iniciar la actividad y encaminar la prosperidad. Esto sería posible mediante una nueva capacidad del Estado, enmarcada en Justicia Transicional, para generar soluciones sencillas, ágiles y de corto plazo, tales como: restitución, pago, indemnización, permutas, compensaciones, financiamiento, exenciones, exoneraciones y retroexpropiación, entre otros mecanismos.
La desconfianza se decreta y la confianza se inspira. Se puede encender e iluminar el camino del sector privado de viviendas de interés social con la RESTITUCIÓN DE LAS EXPOLIACIONES DE TERRENOS PARA VIVIENDAS.
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