La conversión de viviendas asignadas a viviendas en propiedad constituye una política pública de imperativa necesidad, fundamentada en principios democráticos, derechos humanos, sostenibilidad fiscal y cohesión social. Sin embargo, su implementación sin mecanismos de acompañamiento adecuados podría generar consecuencias devastadoras, absolutamente contrarias a las deseadas y planificadas.
El régimen socialista entrenó durante tres décadas al pueblo venezolano en una cultura de dependencia: viviendas y servicios gratuitos bajo la falacia de derecho ciudadano y obligación estatal. Esta cultura de irresponsabilidad social, económica y política está profundamente arraigada. La adaptación del ciudadano común será costosa y compleja.
Cuando esos núcleos familiares de asignados sean convertidos en propietarios, enfrentarán un triple shock. El shock político-jurídico significa sentirse en libertad para hablar, reclamar, denunciar, exigir y formar grupos de presión pública sin temor al desalojo. El shock social-organizativo implica entender la seguridad jurídica de la tenencia y que la solución de problemas del conjunto habitacional requiere actividades y esfuerzos colectivos de todos los propietarios. El shock económico es el más crítico: deberán afrontar responsabilidades de propiedad y atender costos de condominio y servicios con recursos escasos, pudiendo ejercer su nuevo derecho democrático de sabotear el procedimiento o vender el inmueble.
Existe el peligro de que se pierda el esfuerzo por falta de educación y cultura social. La metamorfosis de vivienda asignada a vivienda en propiedad podría convertirse en un bumerán destructor de políticas públicas correctas en materia habitacional, debilitando al nuevo gobierno democrático. Esto es especialmente riesgoso considerando que la mayoría de estos habitantes son cercanos al extinto régimen socialista: militares, milicianos y militantes del PSUV que mantendrán grados de compromiso por lealtad o temor.
La conducta del ciudadano que recibió activos y servicios gratuitos bajo el sofisma de derecho y/o justicia social ahora debe razonar, entender y asumir que su vida y la de su familia está mejor como propietarios en democracia, a pesar de existir costos. De no transmitir correctamente las bondades de la vivienda en propiedad, existe el peligro de tener en pocos meses a miles de familias alborotando calles, cerrando avenidas, convocando marchas y reclamando agua, luz, mantenimiento gratuitos, mientras medios de comunicación socialistas apoyan campañas contra autoridades, ministerios de vivienda, alcaldías, gobernaciones y el gobierno central.
Entregar esas viviendas sin un programa robusto de Educación Familiar y otro de Educación Urbana sería un riesgo grave para la nueva democracia entrante. Una extraordinaria y correcta política pública de educación ciudadana es necesaria para acompañar esta entrega de viviendas en propiedad.
La transición requiere programas de capacitación en gestión del hogar, organización condominial, subsidios económicos transitorios y decrecientes, y asistencia técnica para conformación de juntas vecinales. Sin estos mecanismos de acompañamiento, el costo político superará ampliamente la inversión en formación y subsidios graduales.
La propiedad sin responsabilidad educada es el camino seguro hacia el fracaso de una política correcta. Solo con programas integrales de acompañamiento se evitará la aparición de LAS VIVIENDAS BUMERÁN. ( I )
No hay comentarios.:
Publicar un comentario