La expropiación es una institución de derecho público, una herramienta jurídica de la nación fundamentada en la prevalencia del beneficio general sobre el particular. En todos los países democráticos existen leyes de expropiación con sus respectivos procedimientos y compensaciones propias de un estado de derecho... En el caso venezolano, se ha desnaturalizado la institución convirtiéndola en un vehículo de transferencia de riqueza del sector privado al sector público de una manera arbitraria e indiscriminada. Han expoliado más de 2.300 apartamentos, edificios y/o lotes de terrenos, así como también cerca de 15.000 viviendas en plena construcción. Por lo general emplean procedimientos expeditos para evadir los requisitos de la expropiación propiamente dicha. No existe justificación por causa de utilidad pública, se constituyen en simples despojos inmobiliarios que no cumplen con la Constitución ni la Ley de Expropiaciones, son ataques indiscriminados contra el sector privado para empequeñecer al empresariado y ejercer un mayor control sobre el ciudadano común.
Este proceder cleptómano por parte del gobierno contra el sector privado, se presume que materializan los anuncios de "construcción" de nuevas viviendas, ha traído como consecuencia conductas silenciosas en la ciudadanía. Siendo tres muy visibles; la primera relacionada con la seguridad patrimonial personal, familiar o de grupos de inversores que se refugiaron en divisas, una segunda que abandona la construcción mediante autodesmantelamiento de la empresa y una tercera que es la ruina de muchas familias que vivían de la actividad inmobiliaria. El gobierno indujo la paralización de construcción de nuevas viviendas.
El gobierno entrante, tiene el reto de crear y aplicar leyes y herramientas de políticas públicas mediante la justicia transicional para la reactivación de promotores, constructores, vendedores y administradores que desean reiniciar la actividad con inversión de dinero, tiempo y trabajo en nuevas viviendas. La confianza empresarial fue afectada negativamente y hay que rescatar la determinación del sector productivo. Se requiere un gran impacto de seguridad jurídica y confianza empresarial para profundizar el respeto a los derechos económicos y la propiedad privada.
Este proceder cleptómano por parte del gobierno contra el sector privado, se presume que materializan los anuncios de "construcción" de nuevas viviendas, ha traído como consecuencia conductas silenciosas en la ciudadanía. Siendo tres muy visibles; la primera relacionada con la seguridad patrimonial personal, familiar o de grupos de inversores que se refugiaron en divisas, una segunda que abandona la construcción mediante autodesmantelamiento de la empresa y una tercera que es la ruina de muchas familias que vivían de la actividad inmobiliaria. El gobierno indujo la paralización de construcción de nuevas viviendas.
Hay que transmitir CONFIANZA a las víctimas de expoliaciones y despojos arbitrarios mediante una nueva capacidad del Estado para generar soluciones sencillas, ágiles y de corto plazo aplicando mecanismos de restitución, pago, indemnización, permuta, compensación, financiamiento y/o retroexpropiación... EXPROPIACIONES INMOBILIARIAS DE VIVIENDAS.
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