El régimen socialista comenzó en 2002 un proceso indiscriminado de expoliación contra empresas promotoras, constructoras y proveedoras de servicios inmobiliarios. Utilizando subterfugios legales, lograron ocupar bienes privados de manera expedita mediante leyes, decretos, intervenciones, tomas forzosas, ocupaciones temporales y definitivas, tomas condicionadas, estatizaciones, rescates de tierras, declaraciones de abandono de proyectos, inducción de invasiones, apoyo a saqueos, confiscaciones e invasiones de desarrollos. Este grupo de víctimas, que perdió su trabajo, bienes, inversiones, tiempo, vida y estatus social, se clasifica como víctimas primarias.
El régimen socialista intensificó su modelo de dictadura y debilitamiento de la propiedad privada al otorgar viviendas sin documentos de propiedad, fortaleciendo así su control sobre los ciudadanos. Ignorando los derechos humanos y el concepto de vivienda de la ONU, oficializan esto mediante una sentencia del TSJ que declara que la propiedad es contraria a los principios constitucionales (TSJ/Sala Constitucional/Sentencia 343/06/05/2016, p. 42). Esto implica que todas las viviendas construidas por el Estado y su mantenimiento mensual le pertenecen. Esta sentencia permite a los beneficiarios vivir gratis con solo una carta de asignación. Clasificamos a estas familias, que son obligadas a habitar de esta forma irresponsable hacia el país, como víctimas secundarias.
La exposición de estas dos clasificaciones genera una tercera víctima: un afectado invisible, difícil de percibir a corto plazo, pero que destruye relaciones urbanas, políticas, sociales y económicas, y no es otro que la ciudadanía. El entorno urbano y social, sin importar su tamaño o dimensión, que impacta tanto a la víctima primaria como a la secundaria, conforma la Víctima Ciudadanía, cuya complejidad aumenta por su alcance nacional.
La corrección de la Víctima Ciudadanía, que refleja el daño sufrido por la sociedad venezolana debido a la expropiación de empresas clave para el desarrollo nacional y la educación de ciudadanos sin responsabilidad hacia el país, puede iniciarse con el nuevo gobierno democrático. Esto incluiría formalizar la restitución, compensar o apoyar el reinicio de actividades de las víctimas primarias. Asimismo, se puede oficializar la propiedad de las viviendas asignadas, transfiriendo a los nuevos propietarios los pagos de mantenimiento, servicios de agua, electricidad y aseo. Esto fomentaría una correcta importancia cultural y educativa, transformando a las personas de víctimas secundarias a ciudadanos responsables.
Un ciudadano responsable es quien, como propietario legal de su vivienda, se encarga activamente del mantenimiento del inmueble, paga los servicios y tributos, participa en la organización vecinal, mejora el entorno comunitario y ejerce sus derechos políticos de manera autónoma. Entiende que la propiedad conlleva derechos y deberes, convirtiendo su vivienda en un patrimonio productivo y respaldando el estado de derecho que protege su inversión. Este ciudadano encuentra soluciones desde su autonomía personal. Al reparar a las víctimas primarias y formalizar la propiedad de las víctimas secundarias, la tercera víctima —la ciudadanía— desaparece de forma natural cuando se reconstruye el ecosistema productivo de vivienda y se otorga propiedad formal a quienes habitan sin título, el tejido social responsable se restablece automáticamente. El desastre económico, social y político causado por la expoliación y las viviendas sin título de propiedad debe ser corregido a corto plazo para avanzar hacia un país de progreso con VIVIENDAS SIN VICTIMAS Y CON CIUDADANOS RESPONSABLES.
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