RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA

 Ante un problema supuestamente inexistente por la gran cantidad de nuevas viviendas construidas durante estos 27 años de socialismo, el régimen considera que requiere de unas 500.000 unidades que solo existen en la propiedad privada de ciudadanos comunes que han emigrado por falta de trabajo, inseguridad social e inflación. Parece ser que, de nuevo, la solución es otra violación a la institucionalidad de la propiedad.

El nombre suena un tanto abstracto, pero lo que designa es concreto y palpable. Cuando un tejido social, económico y político ha sufrido una devastación institucional —mediante expoliaciones y normativas a la medida de operaciones políticas puntuales, inventando categorías administrativas y operativas cuya única función fue la transferencia de la propiedad privada a la pública sin costo alguno—, el sustrato institucional se descompuso por dentro. Tanto así, que a pesar de los cambios políticos existentes a partir de Enero 2026, el cerebro y la conducta socialista parecen actuar otra vez con la misma violación a la institucionalidad de la propiedad.

Y aquí está el problema; porque el objetivo declarado son las inversiones para el país y el retorno de la diáspora productiva, y sin confianza no tendremos ni lo uno ni lo otro. El World Justice Project ubica a Venezuela en el último lugar mundial del Índice de Estado de Derecho desde hace dos años consecutivos. Eso no es un detalle técnico: es la radiografía del problema. El retorno a la institucionalidad significa que el Estado es garante, no expoliador. Ver el pasado con miles de expoliaciones de viviendas y propiedades deja sin construcción el porvenir.

Por eso me parece excelente la solicitud de modificación de leyes inmobiliarias presentada a la Asamblea Nacional, pero solo si esa modificación soporta la institucionalidad de la vivienda con los siguientes cinco aspectos:

1. Garantías institucionales de propiedad privada, escritas con rango de protección reforzada.

2. Respeto a lo ajeno — empezando por las propiedades expoliadas que esperan restitución.

3. Incentivos claros para la inversión, no decretos generales sin instrumentación.

4. Promoción de nuevas viviendas con seguridad jurídica para el constructor y el comprador.

5. Reparación de los daños causados por actos anteriores.

  

Sin esa lista, secuencia y/o resumen cualquier “modificación de leyes inmobiliarias” será otra capa del mismo problema existente de las viviendas en Venezuela. Todo debe ser… RESALTANDO LA INSTITUCIONALIDAD DE LA VIVIENDA.

(1) “Que Fedecámaras exija protección a la vivienda privada”, 16 de julio de 2021.

(2) World Justice Project — Rule of Law Index, reportes anuales.