APOYO DEL SECTOR FINANCIERO HIPOTECARIO EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL

En medio de la pobreza actual —y la que inevitablemente crecerá— es previsible una mayor diversidad de marginalidades y exclusiones sociales. Ante esta realidad, el próximo gobierno democrático y sus técnicos en cada sector deberán diseñar un esquema legal de emergencia financiera en políticas públicas para la promoción, construcción y venta de nuevas viviendas y urbanismos.

Los nuevos técnicos-políticos, con sus programas de acción, deben impedir el crecimiento de las marginalidades, respaldar la vivienda privada e incentivar nuevos desarrollos inmobiliarios en el menor tiempo posible.

El Estado es el único responsable de activar e implementar políticas de vivienda exitosas, definiendo con precisión las acciones a seguir; Una de ellas es mediante carteras financieras segmentadas según los distintos grupos de la población. El dinero es la base de cualquier programa de viviendas y podemos contar con tres fuentes rápidas.

1. Fondos estatales destinados a vivienda y depositados en la banca universal para atender segmentos de la población bajos previamente definidos, estableciendo monto de crédito, cuota inicial, intereses y plazo. Estos depósitos funcionarían como préstamos que serán devueltos al Estado bajo las mismas condiciones otorgadas al comprador, cobrando únicamente un costo de administración proporcional.

2. Aportes de la Ley de Política Habitacional (LPH), que constituye en una retención obligatoria al trabajador y destinados a la construcción de nuevas viviendas. Estos fondos podrían permanecer en la banca para potenciar el financiamiento de los sectores de mayor riesgo de siniestros.

3. Fondos propios de la banca, mediante una cartera obligatoria por un tiempo determinado destinado a un segmento de clase media con empleo estable o ingresos comprobables y con pocas probabilidad de siniestro.

Para incentivar la participación bancaria en el plan con recursos propios, el Estado podría ofrecer: incentivos fiscales, descuentos, depósitos a plazo, seguros, garantías, factoring de contratos, intereses subsidiados y/o bonos por crecimiento de la cartera crediticia para nuevas viviendas.

Está claro que el gobierno no debe ni puede construir directamente viviendas. La clave del éxito es crear las condiciones para que el sector privado entre formalmente en el financiamiento, promoción, construcción y venta para activar y multiplicar la oferta de viviendas privadas sociales.

De manera legal e inteligente el gobierno puede apalancar su programa de viviendas con el sector privado, que cuenta con una estructura operativa ágil y eficiente, incorporando así el APOYO DEL SECTOR FINANCIERO HIPOTECARIO EN VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL.