Es interesante e importante, analizar cómo mediante grandes "poco a poco" va arremetiendo el socialismo contra la vivienda privada la cual hemos ido perdiendo mediante la promulgación de diferentes leyes y decretos que la llevaran a su extinción. De alguna manera, los promotores, constructores y propietarios de viviendas de todos los estratos sociales hemos sido expoliados o visto amenazado nuestro derecho de propiedad a tener una vivienda.
En mi opinión, el principal ataque fue dirigido al estrato social más bajo, al más pobre de la nación, cuando le prohibieron su derecho a la vivienda en propiedad plena; mediante una Sentencia del TSJ de mayo del 2016 que definió que " la tenencia y propiedad" de todas las viviendas construidas por el Gobierno Nacional bajo cualquier figura jurídica o construcción, sobre cualquier terreno son propiedad del Estado y por consiguiente sólo se permite su asignación pero no la compra ni la venta ( TSJ/sala constitucional/sentencia 343/06/05/2016 p.42).
Otro sector atacado y destruido en forma directa fue el de los promotores y constructores privados de viviendas de interés social que, teniendo para el año 2008 una media de 50.000 viviendas en construcción, fuimos acusados de aumentos de precio injustificados con el alegato de que los compradores estaban a merced de los grandes especuladores de la industria de la construcción. Mediante decretos de expropiación, expoliación, control de precios y persecución penal, acabaron con la mayoría de las empresas de construcción de viviendas para la clase media y exterminaron su financiamiento a través de la banca privada.
A lo largo de los años, el Régimen ha utilizado diferentes mecanismos para despojar y disminuir las viviendas del sector privado mediante leyes y/o decretos, con la finalidad de reducir su espacio en el país tales como La Ley de Alquileres, Ley de Protección al Deudor Hipotecario, Ley Contra La Estafa Inmobiliaria, Ley de Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas para las Nuevas Viviendas, Decreto de Prohibición de Venta de Viviendas en Ejidos y otros Terrenos del Gobierno, Decreto para la concentración de todos los recursos de Ley de Política Habitacional (LPH). También, la obligación de vender las viviendas solo en bolívares, control de precios de venta, exigencia de tradición legal de la tierra privada desde 1848, prohibición de venta en zonas especiales. Más recientemente, durante la pandemia, la suspensión de pagos de canon de arrendamientos con prohibición de desalojo.
Tampoco puedo dejar de mencionar presiones psicológicas, invasiones violentas y/o pasivas; los planes "ubica tu casa", censo habitacional, los anuncios de que los Consejos Comunales van a controlar las Juntas de Condominio, tomas por grupos UBCHE, tomas por colectivos, ocupaciones humanitarias, Fondo de Condominio gobierno- privados (Miranda) y una que otra que no me vienen a la memoria en este momento.
En vista de lo antes expuesto resulta muy complejo, utópico y casi imposible la derogación o modificación del entramado de leyes y decretos sobre las viviendas privadas y que si bien no están expropiadas o expoliadas por decreto... lo están de hecho. Por lo tanto, la solución viable es la creación de un Sistema Especial de Protección a la Vivienda Privada, que ampare la construcción, venta y tenencia de todas las nuevas viviendas (tema aparte). La implementación de este sistema independiente estaría fuera de toda regulación actual, ley o decreto existente, con prohibición expresa de controles, para que sea garantía de patrimonio familiar.
Se debe instaurar el mecanismo para desarticular la METODOLOGÍA DEL "POCO A POCO" CONTRA LA VIVIENDA PRIVADA.
Así es, poco a poco se han apoderado de todo, y siguen. Podrido comunismo!
ResponderBorrarSaludos Guillermo.
ResponderBorrarGracias por tu artículo. Me será de mucha utilidad para el trabajo que estoy haciendo. Lo agradezco muchísimo.
En cuanto a tratar TODAS LAS TRABAS Y TODOS LOS TIPOS DE VIVIENDA,(que sería lo más deseamos) estoy seguro que sería imposible que logremos su modificación mediante la aprobación de un instrumento legal, mientras no cambie de manera total la correlación de fuerzas. Razones de orden político, estoy seguro, lo impedirían.
Es por ello, que pienso, estoy convencido, de que en este caso, y en esta fase histórica, LO MEJOR ES EL PEOR ENEMIGO DE LO BUENO (DE LO POSIBLE).
Por ello, aunque no sea lo que yo desee, creo que hay que buscar una modificación parcial que remueva los obstáculos a la producción e incorporación de nuevas viviendas al mercado inmobiliario y aquellas, arrendadas en las que ambas partes, voluntariamente, acepten el nuevo régimen.
Gracias.
Un abrazote...!!!